Estos préstamos, regulados por el índice UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), permitían que las cuotas se ajustaran según la inflación, lo que en un principio parecía un mecanismo razonable. Sin embargo, la constante inflación y la crisis económica han disparado los montos a niveles insostenibles. Por ejemplo, Natalia Vaca, abogada y una de las afectadas, tomó en 2019 un crédito por $1.486.000, con una cuota inicial de $11.000. Hoy, la cuota mensual asciende a casi medio millón de pesos ($484.895), y el capital adeudado ha llegado a $39 millones.
La problemática no está aislada: Gustavo, otro de los afectados, tomó un crédito en 2018 por $2,6 millones, con una cuota inicial de $23.000. Ahora, debe pagar $414.754 por mes, y el capital adeudado ha alcanzado los $37 millones. Estas situaciones se repiten entre millas de familias que están desesperadas, tratando de evitar remates y desalojos.
Ante este panorama, los damnificados han recurrido a las autoridades provinciales y nacionales. Se han presentado ante comisiones del Senado de Salta, la Cámara de Diputados, y han entregado una nota a la senadora Nora Giménez. En todos los casos, los afectados insisten en la necesidad urgente de legislar para evitar un aluvión de ejecuciones hipotecarias, como ya han avanzado otras provincias. Asimismo, piden que los créditos UVA respeten el límite del 30% de los ingresos familiares, algo que en la actualidad no sucede.
El aumento exponencial de las cuotas, sumado al alto capital adeudado, ha llevado a las familias a un punto crítico. Estos créditos, que alguna vez fueron promocionados por el gobierno nacional como la única opción para acceder a la vivienda, hoy son impagables. Los afectados exigen una solución que aporte estabilidad y previsibilidad, ya que muchos temen perder sus hogares en el corto plazo si no se toman medidas.
La situación de los créditos UVA no solo afecta a Salta, sino que es un reflejo de una problemática a nivel nacional. La alta inflación y el deterioro de la economía han convertido estos préstamos en una carga insostenible, y las familias afectadas claman por una solución legislativa que frene las ejecuciones y permita renegociar las condiciones en términos más justos.
