El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno está dispuesto a llevar a la Justicia el debate sobre el financiamiento universitario si el Congreso de la Nación revierte el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. En una entrevista con LN+, Caputo declaró: «Lo vamos a apelar porque está mal», refiriéndose a la falta de una fuente clara de financiamiento para el aumento presupuestario propuesto.
El conflicto surgió luego de que el Congreso aprobara una ley para aumentar el presupuesto de las universidades públicas, la cual fue vetada por el Ejecutivo debido a la falta de un mecanismo claro para financiar ese aumento. Caputo defendió esta postura, citando la Ley de Administración Financiera, que establece que no se pueden aprobar gastos sin una contrapartida presupuestaria. Además, subrayó que, de insistir el Congreso en revertir el veto, el Gobierno acudirá a la Justicia o a instancias administrativas para frenar la medida, siempre «dentro del marco de la ley».
Uno de los puntos más polémicos del discurso de Caputo fue su mención a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que, según afirmó, recibió un alto presupuesto a pesar de tener pocos estudiantes. El ministro ironizó diciendo que, con el presupuesto recibido, «casi salía más barato mandarlos a Harvard», lo que evidenció su crítica al mal manejo de los recursos públicos.
El veto presidencial ha generado reacciones tanto en el ámbito académico como en el político. Muchas voces sostienen que las universidades requieren un mayor apoyo presupuestario para mejorar sus infraestructuras y programas, mientras que el gobierno de Javier Milei insiste en la necesidad de un control estricto del gasto público, argumentando que cualquier incremento debe estar respaldado por una fuente de financiamiento clara.
La discusión se centra ahora en si el Congreso tendrá los votos suficientes para superar el veto del presidente, lo que podría llevar a un enfrentamiento legal prolongado. Mientras tanto, el futuro del financiamiento universitario se mantiene como un tema clave en el debate público y en la política económica del país. La postura de Caputo refleja la estrategia del Gobierno de frenar cualquier gasto no debidamente financiado, anticipando una larga batalla en los tribunales si el Congreso sigue adelante con la ley.
