La Cancillería Argentina anunció que no permitirá que el buque británico RRS James Cook realice tareas científicas en aguas del Mar Argentino, misión que estaba programada para llevarse a cabo entre diciembre de 2024 y enero de 2025. El barco, con una eslora de 90 metros y especializado en investigaciones científicas, tenía como objetivo ejecutar dos proyectos clave: el Atlantic Meridional Transect (AMT), liderado por el Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido, y el COSSMoSS, de la Universidad de Exeter. Ambas iniciativas buscaban estudiar parámetros relacionados con el cambio climático, las dinámicas oceánicas y los flujos submesoscales en el Atlántico Sudoccidental.
Inicialmente, el Consejo Federal Pesquero (CFP) había autorizado la misión en noviembre, pero su aprobación fue polémica debido a las objeciones de las provincias con litoral marítimo, que plantearon preocupaciones ambientales. A pesar de esto, el voto doble del presidente del CFP permitió la aprobación preliminar. Sin embargo, la Cancillería, encabezada por Gerardo Werthein, negó el permiso final, argumentando que es el único organismo con facultades para autorizar investigaciones científicas en aguas argentinas. Esta decisión también se enmarca en un contexto de relaciones diplomáticas tensas entre Argentina y el Reino Unido, particularmente en torno a la soberanía de las Islas Malvinas y las áreas marítimas circundantes.
El vínculo entre ambos países ha sido fluctuante. Aunque en septiembre de 2024 se firmaron acuerdos de cooperación bajo la gestión del presidente Javier Milei, incidentes como el tránsito no autorizado del buque polar británico David Attenborough por aguas argentinas y la llegada del James Cook a la región sin cumplir con el decreto 256/2010 han generado fricciones. Dicho decreto, firmado durante el mandato de Cristina Kirchner, exige autorización previa para cualquier embarcación que opere entre puertos argentinos y las Islas Malvinas. La falta de cumplimiento de estas normativas por parte de embarcaciones británicas ha intensificado las tensiones.
Con esta medida, la Cancillería busca reforzar la soberanía argentina sobre sus aguas y ejercer un control riguroso sobre las actividades científicas extranjeras. Además, pone de relieve los desafíos vinculados a la pesca y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur, reafirmando la intención de proteger los intereses estratégicos del país en la región. Esta postura envía un mensaje claro: Argentina no permitirá actividades que puedan comprometer su control soberano ni sus recursos naturales en el Atlántico Sur.
