Un informe reciente de la Fundación Libertad reveló un gasto público exorbitante registrado por los consejos asesores de muchos municipios de todo el país. Este análisis cubre 55 jurisdicciones y detalla cómo se utiliza el dinero de los contribuyentes para mantener grandes estructuras que están muy alejadas de las necesidades reales de sus ciudadanos. Los resultados son alarmantes, con municipios como San Miguel de Tucumán bajo el gobierno de Perón en el centro de las críticas por su aparente irresponsabilidad fiscal.
El ejemplo más típico es San Miguel de Tucumán, donde 18 concejales han solicitado un presupuesto anual de $12.028,9 millones, equivalente a $668,2 millones por concejal. Esta cantidad exorbitante lo convierte en el municipio más caro por concejal y refleja una mala gestión de los recursos públicos en un estado que enfrenta importantes problemas de pobreza y falta de infraestructuras básicas. El hecho de que este gasto se utilice principalmente para apoyar una estructura burocrática desequilibrada, en lugar de aportar mejoras tangibles a la población, es un fracaso de un modelo de gestión que prioriza los intereses políticos sobre el bienestar de la población.
