El ajuste fiscal del gobierno nacional ha impactado en la obra pública, especialmente en la construcción de viviendas. Ante esto, el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) considera alternativas para finalizar las 2,100 casas que quedaron pendientes debido al recorte estatal. Una opción es implementar un esquema de ahorro previo entre los adjudicatarios. Además del aporte del beneficiario, se necesitará otro financiamiento para completar las obras, posiblemente a través de securitización bancaria o aportes provinciales y municipales.
La provincia tiene 2,100 viviendas por concluir, con planes de destinar fondos del IPV para terminar 500 unidades pendientes. La inflación dificulta la planificación de nuevas construcciones, ya que los recursos disponibles varían constantemente. El costo promedio de una vivienda construida por el IPV es de alrededor de $50 millones, financiado en parte por las cuotas mensuales de los adjudicatarios, que han experimentado actualizaciones periódicas desde 2018, con cuotas que oscilan entre los 70 mil y 95 mil pesos. Existe una morosidad del 13% en los pagos debido al contexto económico actual.
