Desde el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, se confirmó que se sumaron 1.111 despidos en la Administración Pública Nacional (APN) y empresas del Estado, alcanzando un total de 35.936 bajas desde diciembre de 2023. Este ajuste se inscribe en la agenda del Gobierno de Javier Milei, centrada en la reducción del tamaño del Estado.
El informe detalla que el 48,7% de las bajas corresponde a monotributistas, quienes prestaban servicios al Estado con ingresos generalmente bajos. Además, un 18,3% proviene de contratos temporales regidos por la Ley Marco, modalidad que en muchos casos respondía a designaciones políticas. También se registró una reducción del 4,1% en la planta permanente, incluyendo jubilaciones, retiros voluntarios y despidos derivados del cierre de organismos públicos. Aquellos empleados que no sean reubicados en un plazo de dos años quedarán desvinculados definitivamente del Estado.
Federico Sturzenegger resaltó los beneficios económicos de estas medidas, señalando que el recorte en los contratos bajo la Ley Marco permitió un ahorro de 2.114 millones de dólares. Por su parte, la baja de monotributistas generó un ahorro de 592 millones, mientras que los ajustes en la planta permanente y transitoria sumaron 1.306 millones.
Sin embargo, estas políticas han afectado al empleo registrado en el país. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre enero y octubre de 2024 se perdieron 107.282 empleos registrados, principalmente en el sector de trabajadores independientes. En octubre, el régimen de monotributo registró una contracción del 1,3%, equivalente a la pérdida de 27.164 empleos. Aunque en ese mismo mes se reportó una leve recuperación de 2.000 puestos de trabajo entre los sectores privado y estatal, la tendencia general refleja un mercado laboral golpeado por el ajuste en el gasto público.
El Gobierno de Javier Milei argumenta que estas medidas son imprescindibles para sanear las cuentas públicas y garantizar una economía más eficiente. Sin embargo, los críticos advierten sobre las consecuencias sociales, señalando que la pérdida de empleos no solo afecta a las familias damnificadas, sino que también repercute en la calidad de los servicios públicos y en la cohesión social del país. Este panorama genera preocupación por el aumento de la desigualdad y la precarización del trabajo en Argentina.
