El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, presentó este jueves una denuncia penal contra Oscar Laborde, exembajador argentino en Venezuela, por el delito de traición a la Patria. Según el Gobierno, Laborde habría actuado de manera no autorizada en el caso de Nahuel Gallo, un gendarme argentino detenido en diciembre en Venezuela, favoreciendo al régimen de Nicolás Maduro y perjudicando los intereses de la Nación.
De acuerdo con la denuncia, basada en información de la agencia NA, Laborde habría contactado a la familia de Gallo en Argentina para entregar una carta al gendarme detenido y justificar las acusaciones de espionaje realizadas por el régimen venezolano. «Estas acciones no solo representan una deslealtad al Estado argentino, sino que buscan legitimar actos de desaparición forzada», expresó el Ministerio en un comunicado.
El caso de Nahuel Gallo comenzó cuando, tras viajar a Venezuela con permisos oficiales para visitar a su pareja y a su hijo, fue detenido al cruzar la frontera. Acusado de espionaje, fue trasladado a un destino desconocido, y desde entonces su paradero es incierto. El Gobierno argentino ha gestionado su liberación mediante canales diplomáticos con terceros países, como Brasil, mientras la Cámara Federal de Mendoza calificó la situación como una posible desaparición forzada y ordenó investigaciones penales al respecto.
La denuncia contra Laborde, quien fue embajador durante la presidencia de Alberto Fernández, sostiene que sus acciones habrían menoscabado las gestiones oficiales y favorecido al régimen de Maduro. Para el Ministerio de Seguridad, estas conductas constituyen una violación grave a los principios de lealtad hacia la Nación y comprometen los esfuerzos para garantizar los derechos fundamentales de Gallo. La acusación se ampara en el artículo 214 del Código Penal, que contempla penas severas para quienes atenten contra los intereses nacionales.
Por su parte, Laborde ha defendido públicamente sus acciones, calificándolas como un intento humanitario de interceder en el caso. Sin embargo, el Gobierno rechaza esta versión, señalando que su intervención fue unilateral y perjudicial para los esfuerzos diplomáticos oficiales.
El caso no solo pone en juego la situación judicial de Laborde, sino que también sienta un precedente sobre el manejo de conflictos internacionales y la protección de ciudadanos argentinos en el exterior. Mientras tanto, las gestiones del Gobierno siguen enfocadas en localizar a Nahuel Gallo y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.
