Tras la Segunda Marcha Federal por la Universidad Pública, el Gobierno nacional reaccionó ante la movilización de más de 2 millones de personas al anunciar que habilitará a las universidades a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Esta medida, que será oficializada por el ministro Federico Sturzenegger, busca abordar el financiamiento universitario, aunque expertos como el vicerector de la UNSa, Nicolás Innamorato, argumentan que el número de estudiantes extranjeros en la institución es insignificante y que los aranceles no impactarán significativamente en el presupuesto de 3.800 millones de pesos.
El rector de la UNSa, Daniel Hoyos, destacó que «las mejores universidades del mundo son aquellas que reciben más estudiantes extranjeros» y cuestionó la viabilidad legal de implementar estos aranceles, dada la autonomía de las universidades consagrada en la Constitución Nacional. Además, advirtió que esta medida podría distraer la atención de cambios más significativos en la distribución de recursos que afectarán los presupuestos universitarios.
En medio de este debate, las universidades han comenzado a comunicar «las 5 mentiras y 5 verdades sobre las universidades públicas», desmintiendo afirmaciones erróneas sobre la falta de transparencia en la gestión de fondos, la ausencia de estudiantes de bajos recursos y la supuesta generosidad de los salarios universitarios en comparación con otros sectores públicos. Estas aclaraciones buscan posicionar a las universidades como entidades comprometidas con la educación y la investigación, a pesar de las dificultades presupuestarias actuales.
